Rajoy ha reaccionado ante el reto o
chantaje planteado por Puigdemont.
El Presidente de la Generalitat con sus
dos cartas no dejó opción a Rajoy. Parece que la aplicación del artículo 155
puede hacer que en Cataluña se respete la legalidad. Es lo propio de todo
Estado de Derecho.
Hasta en los discursos de la entrega de
los Premios Princesa de Asturias ha estado presente el tema del inaceptable
intento de secesión impulsado por los partidos independentistas y la
Generalitat. Las autoridades de la Unión Europea han reiterado el mensaje de
unidad y es lógico que así sea. El propio Rey Felipe VI en su discurso ha
expresado su firme convicción en un presente basado en la unidad de los
españoles y ha dicho que «Cataluña es y será una parte esencial de España». El
Jefe del Estado no puede ser más claro.
El propósito fundamental del Presidente
del Gobierno es devolver la legalidad a Cataluña. Las leyes y las sentencias
judiciales deben ser cumplidas también en el territorio catalán, ya que son una
parte más de España.
Porque los catalanes disfrutan de unas
competencias autonómicas muy amplias. Algo que está muy bien y nadie discute.
Se puede negociar y dialogar sobre el
techo competencial de la Comunidad Autónoma catalana. Pero no sobre la ruptura
de la unidad nacional o del Estado. Un cierto federalismo o
plurinacionalismo creo que sería
perfectamente posible cambiando el texto constitucional. Una especie de Estados
Unidos de España o una denominación similar puede sonar rara, pero mantendría
la esencia de la unidad de lo español
ante Europa y el mundo.
Estoy escribiendo este artículo de
opinión el viernes y, por tanto, todavía no sé las medidas extraordinarias que
serán aprobadas en el Consejo de Ministros del sábado 21 de octubre.
De todos modos, parece que Rajoy va a
proponer el control de la policía autonómica y las elecciones en enero y que
estas medidas las ha acordado o pactado con Ciudadanos y el PSOE. Tal vez se
apruebe alguna medida más. En todo caso, lo que es muy positivo es que, por
fin, el Gobierno español imponga su poder
sobre la Generalitat de un modo firme y con la fuerza del derecho.
Aunque también es cierto que estas
medidas tendrán que ir al Senado y se aplicarán, probablemente, hacia finales
de este mes. Veremos los movimientos políticos de los independentistas la próxima
semana. Existe disparidad de planteamientos en los partidos catalanes
partidarios de la proclamación unilateral de la república catalana. La CUP
parece que quiere una votación que declare la independencia en unos días.
En cambio, Puigdemont está sopesando los
pros y contras de sus próximas decisiones políticas. Y, de momento, se muestra
cauteloso y a la espera de las actuaciones del Gobierno central.
Observando la cantidad de maniobras
políticas que se suceden diariamente en Cataluña da la impresión de que el
conflicto catalán va para largo. Aunque tampoco se puede afirmar, de modo
seguro, que vaya a ser así.
De todas maneras, lo que es indudable es
que la fuga de más de 800 empresas de Cataluña es algo muy grave y que la
disminución del número de turistas en Barcelona y la caída de la actividad
comercial en Cataluña es palpable y perjudicial para todos los españoles.
Las empresas grandes, especialmente, no
quieren inseguridad e incertidumbre en el presente y tampoco en el futuro, por
eso muchas se están marchando del territorio catalán.
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