La aplicación de la autoridad del Estado
parece que no se ha conseguido. Aunque el Gobierno diga que la consulta ilegal
ha sido un paripé e insista en que no tiene validez, ya que es ilegal, el hecho
es que la han realizado. El Gobierno ya está superado por los acontecimientos.
Va reaccionando a medida que se producen los actos de desobediencia que son
numerosos y muy graves. Se tenía que haber aplicado el artículo 155 hace meses
o años y el Ejecutivo no se ha atrevido.
A mi juicio, Rajoy se ha equivocado en
la gestión del asunto catalán. Aunque piense que no ha existido la consulta independentista. La comparecencia del Presidente del Gobierno
en el Congreso será para dialogar y exponer sus planteamientos a las otras
fuerzas políticas. Si bien creo que es la demostración de que queda por recorrer un camino muy difícil por
causa del desafío independentista.
Las consecuencias las estamos viendo
ahora con la celebración de un simulacro de referéndum, con la desobediencia o
pasividad de los Mossos respecto a las órdenes judiciales y la dirección
política del Estado español. La Generalitat catalana hace y deshace a su antojo
y está pasando olímpicamente de la Constitución, de la justicia, del Ejecutivo
y del derecho español e internacional.
Las cargas policiales son la
consecuencia o el resultado de las decisiones ilegales de Puigdemont, Junqueras
y otros políticos independentistas. Los cuerpos policiales pueden usar la
fuerza de modo proporcional. Lo que no puede ser es que dejen de cumplir las
órdenes o que se dejen avasallar o golpear por los independentistas que no
atienden a razones.
Como decía Norberto Bobbio un filósofo
político italiano: el poder es “una relación entre dos sujetos, de los cuales
uno le impone al otro su voluntad y le determina a su pesar el comportamiento”.
El sujeto político que es el Estado posee legitimidad democrática para ejercer
su autoridad y poder para que se cumplan las leyes y las sentencias judiciales.
Evidentemente, considerando el poder del
Estado democrático se deduce claramente que posee facultades para mandar y
atribuciones para hacerse obedecer. Max Weber afirmaba que “poder significa la
posibilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun
contra toda resistencia”.
Como dijo John F. Kennedy en uno de sus
discursos a los estadounidenses: “en un gobierno de leyes y no de hombres,
ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea, tiene derecho a desafiar a
un tribunal de justicia”. Absolutamente cierto e indiscutible.
La repercusión internacional del referéndum
ilegal catalán es muy notable. En la Unión Europea no se reconocen los
resultados de la consulta, puesto que es ilegal. También es entendible que las
autoridades europeas quieran un diálogo constructivo para solucionar el
conflicto catalán. El uso de la fuerza o de la coerción es algo legítimo para
cualquier estado democrático y esto que ha pasado en España puede suceder en
otros países, con un independentismo que no respeta el imperio de la ley y de
la justicia de un Estado democrático.
Por otra parte, es preciso reconocer que
tiene razón Albert Rivera al indicar que Puigdemont ha fracturado y dividido la sociedad civil catalana en dos
partes.
En lo relativo al referéndum pactado que
propone Miquel Iceta es teóricamente una posible solución al problema catalán,
pero es, a mi juicio, muy difícil de materializar, ya que habría que reformar o
cambiar aspectos fundamentales de la Constitución que requieren un consenso muy
amplio de los partidos políticos y esto es poco probable que se pueda lograr
sin numerosas complicaciones.
Pedro Sánchez es decidido partidario de
un diálogo sin cortapisas que conduzca a soluciones, pero un federalismo
plurinacional no creo que sea aceptado por los partidos independentistas, ya
que han llegado demasiado lejos y están a punto de lograr la república catalana,
según dicen. Se verá lo que ocurre los próximos días. Esta semana puede ser
clave.
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