Es una medida, a mi juicio, injusta y
discriminatoria sin ninguna duda. Porque poner un tributo a las bebidas
azucaradas para desincentivar su consumo es desproporcionado y causa
desigualdades indeseables.
Existe otro método que considero
racional y justo y es poner en vigor normas que obliguen a los fabricantes de
este tipo de bebidas a que las elaboren con menos azúcar. Y esto mismo es
aplicable a la bollería industrial que debería tener mucha menos grasa de forma
obligatoria.
De esta manera, se promovería el consumo
responsable de productos más saludables que no puedan causar obesidad y otras
enfermedades. Esta medida que ha sido puesta en vigor desde hoy 2 de mayo de
2017 en Cataluña penaliza, en mi
opinión, de modo injusto a los que poseen menos poder adquisitivo frente a los
que viven con una economía más o menos holgada.
Sucederá que los que viven con muy poco
dinero consumirán menos refrescos azucarados y los que disponen de más ingresos
seguirán consumiendo lo mismo, aunque pagando más por este tipo de bebidas.
Aunque la Unión Europea insista en la
importancia de propiciar e impulsar hábitos de comida más sanos creo que el
procedimiento para lograrlo debe pasar por un control sanitario riguroso y
exigente de los productos. Según los expertos el promedio de consumo diario de
azúcar por español es de los más elevados de Europa, pero esto puede
solucionarse también con campañas de información y, sobre todo, con una bajada
muy considerable del nivel o concentración de azúcar o grasa en la bollería,
las golosinas y las bebidas refrescantes.
Con sanciones muy duras para los
fabricantes que no cumplieran estas normas sobre el bajo nivel de azúcar de sus
productos se lograría mejorar la situación actual.Y, si se produjera deslocalización
en un primer momento, en realidad, rápidamente las empresas reaccionarían
adaptándose a la normativa para no perder millones de consumidores.
No me extraña nada que el Gobierno
español no haya implantado este impuesto o tributo. Hasta los representantes
políticos de Ciudadanos han venido a reconocer que ya existen muchos impuestos
y es negativo y contraproducente poner otro más.
La prohibición de la venta de productos
que contengan excesivo azúcar y grasa es otra medida que me parece coherente,
racional, prudente, justa y de sentido común.
En México se aplicó un impuesto similar
de golpe en 2014 y causó efectos negativos, puesto que los fabricantes
repercutieron la subida de precios sobre todos sus productos y aumentó el consumo de bebidas azucaradas en
vez de reducirse. Las empresas que fabrican esta clase de bebidas se quejan de
la subida de precios, porque creen que bajarán las ventas en Cataluña.
El sedentarismo también contribuye al
incremento de los casos de obesidad, diabetes y otros padecimientos asociados
también a una mala alimentación con exceso de azúcares y grasas.
Me parece que los ciudadanos no son
niños a los que haya que intentar convencer a base de tributos o impuestos para
que cuiden más su salud. Se les debe ofrecer información abundante y argumentos
para que, si lo desean, de forma libre opten por una vida más saludable. La libertad es un valor ético de primer orden
y no puede ser supeditado a los intereses económicos de la Generalitat de
Cataluña, por muy legítimos que puedan parecer. Existen otros métodos para
lograr que los habitantes de una nación desarrollen unos
hábitos de alimentación saludables. Es verdad que existen países en el mundo
que están aplicando este tipo de tributos, pero también hay otros estados que
no los consideran justos ni apropiados, ya que incrementan el coste de la vida. Y
ya tenemos muchos impuestos. No hace falta añadir más.
Con casi trece millones de españoles en
riesgo de pobreza por sus bajos ingresos no hace falta insistir en que este
impuesto en Cataluña sobre la bebidas refrescantes es claramente injusto,
inequitativo e insolidario. Y vuelvo a decir que la extensión de este tributo
a la bollería industrial me parecería
discriminatorio por las razones ya expuestas.
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