Las personas con enfermedades crónicas y
los jubilados y prejubilados no deberían tener ningún copago. Por numerosas
razones, ya que es más que suficiente con pagar todos los medicamentos que no
entran en el seguro y que pueden
suponer una gran o considerable parte de
la pensión a la que tienen derecho.
Además, la cotización debería ser más
alta para las personas que más dinero ganan en sus trabajos. Parece de puro
sentido común. No hace falta elaborar sesudos razonamientos y argumentaciones para convencerse de ello.
Lo que, a mi juicio, no es justo es que
al existir un cierto número de
personas que gastan de forma
excesiva en fármacos, los demás tengan que pagar para compensar las cuentas de
la Seguridad Social o del sistema sanitario.
Los derechos de segunda generación o
sociales y económicos deben garantizar el bienestar económico de todos los
ciudadanos, porque la dignidad humana es un valor esencial que no puede ser
destrozado con planteamientos que recortan el poder adquisitivo de capas de población que viven en situaciones
socioeconómicas más delicadas.
Porque la subida de las pensiones es
claramente irrisoria. Que suban uno o dos euros de promedio cada año,
aproximadamente, es penoso y vergonzoso. Ya que las cantidades que se cobran
con las jubilaciones suelen ser modestas y encima no suben prácticamente nada
cada año. Es una subida simbólica para poder decir que se han incrementado.
A todo esto es preciso añadir que muchos
medicamentos no entran en la Seguridad Social y millones de personas con su
pensión de jubilación tienen que hacer frente a gastos adicionales para poder
comprarlos y deberían ser gratuitos.
En fin, el panorama parece
preocupante y desolador, porque el
Estado no reacciona ante esta situación. Y la solución tampoco es subir la edad
de jubilación, ya que se está perjudicando a las personas que después de décadas
de trabajo se merecen descanso y ocio en la última parte de su existencia.
El gasto sanitario en España está por
debajo de la media de los países de la Unión Europea. El copago aumenta la
desigualdad desde la perspectiva de la equidad. Es algo indudable. Y supone
también una injusta discriminación para las personas mayores que tienen
problemas de salud. Y no es únicamente por los padecimientos crónicos también
lo es porque en muchas ocasiones soportan cualquier tipo de discapacidades. Es
la cruda realidad de muchos ciudadanos. No puede ser que con el copago deban pagar más proporcionalmente por las
medicinas quienes, de hecho, tienen menos.
Los servicios preventivos de salud deben
prestarse con todas las garantías especialmente a los sectores de población más
vulnerables como son los mayores y los discapacitados.
De hecho, la misma Organización Mundial
de la Salud afirma con datos científicos que el copago no mejora la eficiencia
sanitaria. Al contrario, puede llevar a un deterioro de la salud de la
población especialmente de la de más edad.
Y es que con tanta corrupción económica
que está saliendo a la luz pública en el ámbito político no se puede mirar para
otro lado y seguir sin suprimir el copago.
No es entendible en un estado social de
derecho moderno y avanzado que sigan
existiendo desigualdades sociales en salud o en atención sanitaria sobre todo
en los grupos de población más desfavorecidos desde una perspectiva económica. La
equidad y la igualdad son básicas y fundamentales en cualquier sistema público
de salud.
Los recortes y las deficiencias en
Sanidad no los deben pagar los ciudadanos y tampoco la deriva privatizadora. El
copago es, por tanto, claramente negativo y puede ser entendido como un
impuesto sobre la enfermedad. Además, castiga más, de modo inmisericorde o que
no se compadece de nadie, a las personas más necesitadas. Con lo explicado me parece que ha quedado
meridianamente clara la necesidad y la
urgencia de acabar con el copago de una vez por todas.
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