Indudablemente, España posee uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo. Pero esto no quiere decir que no existan
considerables problemas. Fundamentalmente, los derivados de la masificación,
los tiempos de las listas de espera y la necesidad de que estén trabajando más
médicos y personal sanitario en el sistema de salud. Lo dicen hasta los mismos
profesionales.
Que se pretenda que con una atención
médica de cinco o diez minutos por paciente un médico de familia atienda muy
bien o de modo completo en todos los casos creo que es pedir demasiado.
Si se piensa que, por ejemplo, la renta
per cápita de Madrid duplica la de Extremadura se observa que la desigualdad
campa a sus anchas en el territorio nacional. Algo que se refleja también en la
desigualdad de la asistencia sanitaria y social dependiendo del lugar o la
zona en la que se resida.
Que vengan ciudadanos de países cercanos
como Reino Unido y Francia a operarse en
hospitales españoles es significativo. Y que exista una especie de turismo
hacia España por razones de salud también da que pensar.
Que el Gobierno actual diga que el
Estado da un préstamo para cerrar el agujero del sistema de pensiones es entendible,
pero es poner un parche a una situación que será más grave en los próximos años
y décadas. Porque el déficit de la Seguridad Social supera ya los 1.000 euros
por afiliado. Esto traducido a las grandes cifras supone casi los 18.500
millones de euros en 2016.
Y con el aumento de la longevidad y la
esperanza de vida habrá que aumentar la financiación de la Sanidad y de los
servicios sociales con lo recaudado con los impuestos. Porque parece que con
las cotizaciones exclusivamente no se puede resolver este grave problema
económico.
El ritmo de crecimiento del empleo no es
suficiente para taponar el agujero de las pensiones y de la Seguridad Social.Porque
el número de desempleados sigue siendo muy elevado y esto causa que las bolsas
de pobreza y la desigualdad impidan un estado del bienestar que llegue a ser
sentido por todos los ciudadanos. Existen millones de persona que lo están
pasando mal por falta de recursos económicos mínimos y lo notan también en la
poca o nula asistencia que reciben por parte del Estado.
Además, la asistencia social por parte
de los organismos públicos que se encargan de estas tareas debería tener en
cuenta junto con los ingresos también los gastos de subsistencia de las
familias y de las personas. De este modo entenderían que las normas reguladoras
de las ayudas económicas deben considerar los gastos imprescindibles que tienen
que afrontar las personas que viven en nuestro país.
El intento de recuperar los 20 millones
de ocupados no es suficiente. El que haya habido una fuerte crisis económica no
quiere decir que volver a un nivel de empleo similar a los datos de hace una
década o más sirva para estar satisfechos.
Que no suban los impuestos para los que
tienen ingresos medios me parece justo. Pero también es necesario que se combata
duramente el fraude fiscal con el fin de recaudar mucho más dinero. Aunque
considero que está plenamente justificado que los astronómicos beneficios de
grandes empresas y multinacionales aporten grandes cantidades de dinero al
Estado a través de impuestos muy elevados. Es la
manifestación la racionalidad de
una justicia social que se
extiende a todos.
Está claro que el incremento de la
riqueza de un país o el aumento del producto interior bruto es lo que crea
empleo de calidad. Si bien es imprescindible que la redistribución de lo
producido y de la actividad económica esté inspirada en la igualdad y en la atención a través del salario social
y de una renta mínima básica a los
ciudadanos que la necesiten. Con el propósito de que dispongan de medios económicos
suficientes para vivir con dignidad y calidad.
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