La Constitución afirma la suficiencia económica de las
pensiones para los ciudadanos de la tercera edad. En el artículo 50 del texto
constitucional se establece muy claramente que los poderes públicos
garantizarán pensiones suficientes económicamente para los jubilados. Se hace
referencia explícita a que los ingresos de los pensionistas sean adecuados y
sean periódicamente actualizados.
Aunque la cuestión
esencial es que se garantiza el derecho a una pensión digna para poder vivir
adecuadamente. Y la responsabilidad es de los poderes públicos y no de los
ciudadanos.
Que Rajoy diga que es
preciso que los ciudadanos ahorren para su jubilación o que la complementen con
planes privados de pensiones, porque va a producirse una considerable pérdida
de poder adquisitivo por la inflación y por otras causas me parece
excesivo.
El Gobierno y los
poderes públicos tienen, a mi juicio, la obligación legal y moral de garantizar
la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también la educación y la
sanidad.
No cabe duda de que
pueden existir planes privados de pensiones para los que quieren ahorrar con
ellos de cara a su retiro. Y me parece bien que, como quiere Rajoy, a los diez
años puedan sacar su dinero del plan de pensiones.
Lo que no es lógico ni
coherente es que se pretenda dar a entender que todos los ciudadanos españoles
pueden introducir sus ahorros en planes privados de bancos u otras entidades,
de cara a su jubilación.
Existen cientos de
miles o millones de españoles en activo que no pueden, aunque quieran, dar
dinero para un plan de jubilación privado, porque viven con sueldos bajos que
dan para vivir y nada más.Estos millones de ciudadanos tienen derecho a una
pensión pública suficiente para poder vivir adecuadamente, algo garantizado y
exigido por la Constitución. Y los que podrían ahorrar también.
El déficit del sistema
de pensiones no se puede solucionar retrasando la edad de jubilación como
proponen organismos internacionales, como, por ejemplo, la Unión Europea o el
Fondo Monetario Internacional.
Se resuelve con impuestos
finalistas a la banca y a los ciudadanos que disfrutan de más ingresos. Si se
suben algo los impuestos a todos los ciudadanos que tributan se arreglaría el
problema de la pérdida de poder adquisitivo y se iría reduciendo el déficit.
Este tipo de medidas ya las están proponiendo dos partidos políticos españoles.
El Pacto de Toledo
debe servir para algo. La subida anual del 0,25% de las jubilaciones es
simbólica y ridícula, ya que supone
menos de 3 euros al año, aproximadamente.
En Suecia existe una
pensión mínima garantizada vía impuestos. Es un país que ha cambiado o
reformado hace años su sistema de pensiones y es un Estado que está a la cabeza
del desarrollo social y económico. En Reino Unido también se paga una pensión
básica estatal a los que la necesitan y que procede de los impuestos de los que
poseen más ingresos y están trabajando o en activo.
El PSOE propone para
pagar las pensiones un impuesto del 8% a la banca y subir las cotizaciones a
los que más ganan. Esta clase de propuestas y otras similares deben ser
estudiadas y aprobadas por los partidos políticos españoles dialogando y
negociando, porque son de interés general.
Lo que es
absolutamente injusto es permitir que millones de españoles tengan pensiones
miserables con las que no puedan vivir. Es insolidario y va contra la justicia
social y los derechos humanos. La solidaridad intergeneracional debe ser
realizada de hecho con nuevos impuestos dedicados a garantizar unas
jubilaciones dignas y subidas de acuerdo
con el IPC.
Retrasar la edad de
jubilación es tremendamente injusto e insolidario. Por numerosas razones.
Primera: nadie sabe lo que le resta de vida. Segunda: supone la afirmación del
relativismo más absoluto. Tercera: es como decir sálvese quien pueda. Cuarta:
los ciudadanos tienen derecho a descansar después de toda una vida de trabajo y
no seguir al pie del cañón hasta su muerte. Y se podrían añadir muchas más
razones.
Lo lógico y realmente
justo sería que la edad de jubilación fuera como máximo a los 65 años en todos
los casos. Por cierto, las leyes y normas referidas a esto se pueden cambiar,
si existe voluntad política de hacerlo.
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