Un expresidente con
orden de detención pretende ser investido.
Carles Puigdemont ha
huido de la justicia española y junto con los cuatro exconsejeros está imputado
por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y
prevaricación.
El Gobierno y las
fuerzas políticas constitucionalistas ya han expresado que con otro candidato que no sea Puigdemont sería perfectamente
posible la investidura. Es lo razonable y lo lógico. Desde una perspectiva
jurídica sería también lo racional. No habría ningún tipo de problema. En
cualquier estado democrático de Europa esto sería lo apropiado.
Se puede discutir, si
la presentación de un recurso preventivo de suspensión de la propuesta de
candidatura de Puigdemont es la estrategia jurídica más acertada o no. Porque
se podría esperar al martes y ver lo que sucede en el debate del Parlament.
En todo caso, que el
presidente del Parlament catalán señor Roger Torrent diga que el Gobierno
atenta contra los electores y contra la democracia parlamentario es una
falacia. No argumenta coherentemente.
Realmente, el fraude de ley de Puigdemont es lo que motiva la aplicación
del artículo 155. Por tanto, el independentismo catalán ha perdido toda
legitimidad criticando irracionalmente a la democracia española.
Si bien es verdad que
los procedimientos que recurren al Tribunal Constitucional son objeto de
interpretación, en lo relativo a su oportunidad.
Que el señor Torrent
diga que “tratan de ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas” es
confundir los planos de análisis político.
Lo que no tiene
sentido es que se quiera imponer a la fuerza un candidato a la presidencia del
Ejecutivo catalán que debe ser detenido si pisa territorio español. No hay que
saltarse las premisas en ningún razonamiento para llegar por pasos deductivos a
la conclusión.
No creo que el juez
autorice que, ejecutando la orden de detención respecto a Puigdemont, le sea
permitido acudir al pleno de investidura. Esto le dice el letrado del Parlament
catalán Antoni Bayona, pero no me parece
que vaya a suceder. A mi juicio, sería contradictorio, si se consideran los
presuntos delitos que se le imputan a Carles Puigdemont y otras razones de
orden procedimental y procesal.
La igualdad ante la
ley quedaría en entredicho, si se tolera que Puigdemont se salte el orden
legal, llegue a territorio español y no sea detenido. Es verdad que se están
extremando las medidas policiales para evitar que entre de incógnito en España
y en el Parlament catalán.
El proceso
soberanista, a pesar de la aplicación del 155, sigue alterando el normal
funcionamiento de la democracia en Cataluña. Estamos viviendo unos días en los que se van a tomar
decisiones importantes. La admisión a trámite del recurso por el Tribunal
Constitucional supone la suspensión cautelar automática de la investidura en el
Parlament, aunque no creo que sea ejecutada y obedecida. Independientemente, de
que sea una admisión unánime. Parece que no a va serlo. También es cierto que
otra opción posible y plausible es esperar a que se consume la investidura y
anularla. Parece la más ajustada a derecho.
La CUP ya dice que no
participará en ningún pleno hecho a la medida del Tribunal Constitucional. Que
algunos políticos independentistas estén criticando duramente las medidas de
vigilancia policial para evitar que Puigdemont eluda la acción de la justicia,
si pisa suelo español, raya lo indignante. Se busca la impunidad de forma
abierta.
Con este tipo de
planteamientos todos los que cometen presuntamente delitos no serían detenidos.
Es verdad que no se está hablando de delitos de sangre, pero son conductas
tipificadas como graves o muy graves por el ordenamiento legal vigente. Y no
han prescrito, ya que son recientes.
Se está dando la
imagen, por parte del soberanismo independentista, de que vale todo. Los
políticos catalanes que impulsan la independencia se han instalado en el
relativismo más absoluto y no atienden a razones, ni argumentan siguiendo un
proceso lógico en muchos casos y situaciones. Ser presidente de Cataluña por
plasma es algo que no está permitido en ningún país democrático.
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