De nada sirvió la
subida de los pensionistas, ya que unos mueren por el Covid-19 y otros se
mueren de hambre por la subida de los precios de los alimentos de primera
necesidad. El precio de algunos
alimentos sube hasta un 46%. Y una parte de los supermercados eliminan las
ofertas.
Que hayan subido los
costes como argumentan las direcciones de las grandes superficies y no el
margen o porcentaje de beneficio es algo que, en mi opinión, tiene que ser
investigado por el Gobierno central.
En todo caso, es
absolutamente necesario que se controlen de una manera minuciosa y rigurosa
todos los precios de los alimentos básicos, con el fin de asegurar que los
precios se mantengan estables o que, al menos, no suban de manera
desproporcionada.
En definitiva, que se
redoblen los esfuerzos para impedir subidas abusivas, ya que la ley de la
oferta y la demanda no lo permite todo. Y todo esto sin hablar del
desabastecimiento de productos alimenticios y sanitarios en el mercado.
En algunos tipos de
fruta el precio excesivo no es de recibo. Se deberían poner en marcha medidas
para ajustar los precios dentro de unos parámetros menores. Si esto no se hace
no es descartable que la pérdida del poder adquisitivo, durante las próximas semanas y meses, de una considerable parte de la ciudadanía lleve al desastre del
hambre a muchas personas.
Y no sirve de nada
negar la realidad de lo que está sucediendo. Que los supermercados tengan que
poner a la venta productos más caros al no haber disponibilidad de otras
mercancías con un precio más bajo, los perjudicados son los compradores.
La cuestión de los
márgenes de los intermediarios y la regulación a la que deben estar
sujetos debe servir para que los precios
de los alimentos se mantengan en ciertos límites razonables que supongan una
clara estabilidad o unas subidas mínimas porcentualmente, por ejemplo, de 0,5%
o de 1% durante seis meses o un año.
El INE detalla que los
precios de los alimentos frescos se han encarecido el 6,9%. Si el repunte anual
de los precios con los datos de marzo es del 4% anual frente al 2,5% del año
2019 y sabiendo que restan semanas y meses complicados por la devastación
económica que está produciendo el coronavirus parece que la situación del presente y de lo que se avecina en el futuro
no es para saltar de alegría.
El Gobierno tiene que
tomar más medidas precisamente para controlar los precios. En alimentación es
especialmente necesario. Y, sobre todo, evitar o impedir los precios abusivos a
través de eficaces sistemas de inspección de todas las empresas y también de
las cadenas de distribución. Lo que se
ha hecho con el precio máximo de
un tipo de mascarillas en relación con
las farmacias también puede ser
extrapolable a productos básicos en
alimentación.
En definitiva, de lo
que se trata es de poner freno al caos en los precios por la escasez y los
problemas de producción y distribución. Esperemos que en los próximos meses no
haya que regresar a las famosas cartillas de racionamiento como en los años
cuarenta. Ya existe una emergencia social en algunas zonas de nuestro país. Y
los datos oficiales indican claramente una caída del PIB sin precedentes.
Además, la caída del
consumo en España es alarmante puesto que es del 7,5%. Si a esto se añaden las
protestas de autónomos a los que no les llegan las ayudas económicas en los
tiempos que están fijados legalmente, según dicen, y en cambio tienen que hacer
frente a los impuestos y tasas en tiempo
y forma parece que la situación, por desgracia, es caótica en bastantes casos.
Realmente, lo que hace
falta es un control y una organización mucho más eficiente por parte del
Gobierno para evitar el desorden social y la anarquía generalizada. Porque los efectos económicos y sociales de la
pandemia del coronavirus pueden incrementarse negativamente hasta límites
insoportables que pueden causar un estallido social sin precedentes en los
próximos meses. El dato de los 40.000 sanitarios contagiados en España da una
idea muy clara de los errores que se han producido y la responsabilidad del
Gobierno parece evidente.
Y es de esperar que no
haya un rebrote por hacer mal el desconfinamiento en los próximos días o
semanas y se tenga que volver a estar confinados. Sería lo peor que puede pasar,
porque se hundiría con más profundidad la economía nacional y el bienestar
general de los españoles podría verse
afectado en mayor o menor medida.
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