Son absolutamente
necesarias ayudas económicas y alimentarias para todos las que las necesiten en
nuestro país. Además del ingreso vital
mínimo que llegará a unos tres millones de personas es imprescindible pensar que
hay más de 12 millones de personas que están en situación de pobreza o
exclusión social antes del coronavirus. Ahora esa cifra será de más de quince
millones.
En Cáritas se verán
desbordados en las próximas semanas o meses, si no lo están ya. Con las ayudas
económicas que propone el Gobierno no se cubren las necesidades alimentarias de
más de nueve millones de personas.
España tiene 47
millones de habitantes y un 25% de la población está en situación de pobreza y
este porcentaje está aumentando con la devastación económica que está causando la
pandemia.
Si no se ataja lo que
está sucediendo con las consecuencias de la tremenda crisis económica, por
causa de un confinamiento que es necesario, podemos llegar a ver y padecer una
tensión social insoportable, con un aumento notable de la inseguridad y un
incremento considerable de robos y delitos. Porque el hambre y la necesidad son unas fuerzas imparables.
Estamos viviendo una
situación excepcional.
Es absolutamente
indispensable que se produzcan más alimentos con más fábricas trabajando y que se
donen una buena parte de los alimentos para las personas que los precisen de
una forma urgente. Ya hay en España almacenes de víveres desbordados y que no
tienen quien les pueda abastecer y sin forma de seguir adelante.
El ingreso mínimo vital que quiere aprobar el Gobierno oscilará,
parece ser, entre 500 y 900 euros, según los hijos a cargo del perceptor y tendrá, según se está diciendo, carácter
definitivo, no solo mientras dure la pandemia y será complementario hasta un
tope, con las ayudas suplementarias que proporcionan las Comunidades Autónomas.
Y parece que se cobrará a partir de junio.
El Gobierno central
está cruzando los datos fiscales y de renta
de la Agencia Tributaria con los de la Seguridad Social para saber el
volumen real de ayudas económicas y conocer el número real de personas que
necesitan verdaderamente el ingreso mínimo.
Lo que ocurre es que estos datos son claramente insuficientes para darse
cuenta de la enorme magnitud del problema social causado por la situación de
pobreza.
El coronavirus deja
sin ingresos a entre dos y cuatro millones de trabajadores que trabajan en
negro. Estas personas también tienen que comer y vivir con algún ingreso.
Además, familias monoparentales, mujeres, niños y mayores de 65 años tienen
mayores riesgos de sufrir grandes dificultades para poder sobrevivir.
Los Derechos Humanos
son el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de todos. La
Constitución española es también la expresión legal de los mismos. Por tanto, lo que se requiere del Gobierno, a
mi juicio, es que ponga todos los medios para atender las necesidades
económicas de todos los españoles.
Da igual que sean más
de 15 millones los que estén en situación de exclusión social por pobreza,
porque hay que ayudar económicamente a todos. Si no se hace esto me parece que
va a haber un estallido social sin precedentes y pueden aumentar hasta
niveles altos la delincuencia y la violencia en nuestra sociedad. Esperemos
que esto no ocurra en los próximos meses, pero es algo, en mi opinión, a tener
muy en cuenta.
Se trata de no dejar
atrás a nadie, algo ya dicho por el Presidente Sánchez, pero que tiene que ser
algo real y efectivo y también comprobable. Las demoras a la hora de recibir el
ingreso mínimo vital no tienen que producirse, porque puede llegarse a una
situación social muy dura y caótica, con las consecuencias que ello conlleva.
Además, es una cuestión de justicia social y que es de sentido común también.
Vivimos en un Estado de Derecho en el que impera la ley.
Los ciudadanos no
pueden tolerar que la sociedad, por causa del coronavirus, se convierta, en
parte, en una selva caótica y violenta.
Y la forma de evitar esto es que el Gobierno central, que dirige el país,
extienda el ingreso mínimo vital sin importar el número de millones de
ciudadanos a los que tenga que asistir económicamente. Lo prioritario y básico es garantizar la alimentación y la subsistencia de todos.
Los requisitos o
condiciones para poder acceder al ingreso mínimo vital no deberían fijarse al margen de la existencia
real de más de cuatro millones de
personas que forman parte de la economía sumergida y de quince millones de
seres humanos en situación de pobreza en España.
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