El ejecutivo ha hecho
valer su legítimo poder para parar el incumplimiento del ordenamiento jurídico.
Sin complejos y sin
dudas se ha puesto a actuar la maquinaria del Estado de Derecho. Es lo que
estaban esperando decenas de millones de ciudadanos españoles que quieren el
respeto a las leyes y a los procedimientos democráticos que están vigentes para
todos, sin excepciones.
Las razones y
justificaciones de los dirigentes independentistas catalanes son falaces o
engañosas, porque se basan en
falsedades. En todo estado verdaderamente democrático se respetan y obedecen
las leyes y normas existentes.
Y, si se quiere
cambiarlas, existen también procedimientos parlamentarios establecidos que
hacen posible, al menos, un cambio o modificación en algunos artículos de la
Constitución. Lo que no vale democráticamente es saltarse la ley y las normas a
capricho diciendo que es lo deseado por el pueblo catalán o por una parte del mismo siendo más exacto.
El delito de sedición
es muy grave y está recogido en el Código Penal. El acoso y la violencia que
están sufriendo la Guardia Civil y la
Policía Nacional en Cataluña estos días es un resultado del caos, la violencia
y la irracionalidad que hacen acto de presencia en algunas calles de Barcelona y del resto del territorio catalán.
No debe extrañar que
el Gobierno haya enviado más policías para mantener el orden público e impedir
que se celebre el referéndum del 1 de octubre.
Es lo lógico y lo que
todo estado debe hacer para proteger los derechos y libertades de todos los
ciudadanos en el territorio catalán, con el fin de que se cumplan las leyes
aprobadas democráticamente por el parlamento español que es el depositario de
la representación política de los que gozan de la nacionalidad española.
La tergiversación de
lo que está sucediendo está siendo realizada por el independentismo, pero
ninguna persona que conozca lo que es
una democracia se cree las falsedades que se están diciendo para justificar la
celebración de la consulta soberanista ilegal. Es la justificación de lo
injustificable.
En ningún estado
civilizado y realmente democrático se puede permitir un desafío semejante a las
instituciones democráticas: altos tribunales, jueces, Gobierno, fuerzas de
seguridad, etcétera.
Incluso el portavoz
del Ejecutivo y ministro de Educación Méndez de Vigo ha llegado a afirmar que
se puede iniciar un diálogo, si no se celebra el referéndum, y que las fuerzas
políticas independentistas podrían intentar cambiar algunos artículos del texto
constitucional y, si consiguen la aprobación de una nueva redacción de una
parte del articulado de la Carta Magna, podrían lograr el derecho a la
celebración de una votación para la autodeterminación o algo similar. Parece
sensato lo que se ha planteado. Pero Puigdemont no está por la labor e insiste
en que ha puesto en marcha un plan de contingencia o plan B que ya tenía
preparado por si ocurría lo que ha sucedido. Algo, por cierto, bastante
previsible y esperable.
Queda poco más de una
semana para el 1 de octubre. La declaración institucional de Rajoy sobre el
desafío independentista, a mi juicio, fue impecable, desde una perspectiva
puramente democrática y legal. Sin tener en cuenta consideraciones partidistas o políticas.
El sensacionalismo
parece que ha aparecido en algunos medios periodísticos italianos, ya que han
hablado de guerra catalana. Y no hay tal guerra. Lo que ha habido son tumultos y
un clima de tensión social en las calles con acampadas y concentraciones de
independentistas protestando, en el fondo, por la aplicación del derecho.
En política todo es
negociable y se puede dialogar abierta y libremente, pero no se puede negociar
el cumplimiento de las leyes. Eso es innegociable. El diálogo no puede
iniciarse para poder incumplir un ordenamiento legal que está en vigor y que es
democrático.
Y lo que tampoco puede
ser es que en algunos países europeos, ante el reto independentista, no se
posicionen totalmente en contra de una rendición incondicional del Ejecutivo
respecto a las pretensiones ilegales del secesionismo y ante delitos de
sedición.
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