Activar el estado de excepción es otra
posibilidad abierta.
Ante el incumplimiento de algunas normas
legales y de parte de las sentencias de los tribunales en Cataluña y el desafío independentista en marcha parece
que restan pocas opciones. Si la suspensión de la autonomía a través de la
aplicación del artículo 155 puede ser compleja por los trámites existe la ley
que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
Ya que el gobierno autonómico catalán
está dando sobradas pruebas de incumplimiento de las leyes y de los derechos de
los ciudadanos. Por ejemplo, en lo relativo al uso del español en los centros
educativos catalanes.
El ejecutivo ya baraja la posibilidad de
aplicar el estado de excepción. Y que lo sepan en el Consejo de Venecia está
bien, ya que es una prueba más de la legitimidad que posee un estado democrático
para preservar el orden legal existente. Puesto que los planteamientos de los
independentistas no dejan lugar a dudas.
Aunque parezca mejor, en principio, la
vía del artículo 155, si por falta de tiempo no puede ser aplicada, el Gobierno
posee otros procedimientos legales que puede poner en marcha para superar una
situación muy grave. El motivo por el que puede aplicarse el estado de
excepcionalidad es evidente: “cuando el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones
democráticas, el de los servicios públicos esenciales, o cualquier otro aspecto
del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las
potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”. Se
puede asistir al desgajamiento progresivo de la unidad española, si se permite
la creación de la república catalana, puesto que a continuación el País Vasco
podría pretender ser un estado independiente, también Galicia, Andalucía,
etcétera. Sería el fin del estado español después de más de 500 años.
El uso proporcionado de la fuerza es
legítimo. Respetando, claro está, el ordenamiento legal y los principios y
derechos. Simplemente, la participación de las fuerzas de seguridad policiales
podrían lograr que se respetaran las
leyes y las sentencias judiciales.
Y, si no fuera suficiente, siempre está
disponible el Ejército para mantener el cumplimiento de las normas y el
correcto funcionamiento institucional en
el territorio de Cataluña. Por supuesto, con el respeto a los derechos
individuales.
Está claro que podría haber puestos
armados. El derecho es coercitivo. Ante los delitos se puede usar la fuerza, de
modo proporcionado y coherente y con unas garantías que se derivan de los
derechos o normas en vigor.
Lógicamente, este escenario que estoy
trazando parece apocalíptico, pero, por desgracia, puede llegar a ser
necesario, si no se va a tolerar la separación a la fuerza de Cataluña.
Más de la mitad de la ciudadanía
catalana está satisfecha de ser española. Gran parte de los empresarios en
Cataluña no están de acuerdo con la creación de una república catalana
independiente. En pocos meses se sabrá el desenlace de este reto secesionista.
Veo dos resultados posibles: uno es que se celebre un referéndum sin peso
político y sin consecuencias y otro que
se inicie un proceso unilateral de independencia en toda regla, y que sea
prácticamente imparable, ya que sería una cuestión de hecho. Y sería muy
difícil de reconducir a la situación política anterior.
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