El independentismo ignora la legalidad
estatal afirmada por la ONU.
De hecho, no la quiere reconocer. Es
lógico que Felipe González diga que “si se vulnera la Constitución hay que dar
la respuesta”. Está claro, a mi juicio, que la vía del artículo 155 es posible
ante el desprecio que los secesionistas
demuestran respecto a la legitimidad del estado español.
También Alfonso Guerra ha pedido a Rajoy
la utilización del citado artículo para acabar con esta reiterada burla al
Estado de Derecho. Los expresidentes Felipe González, Aznar y Zapatero se
muestran de acuerdo en parar el despropósito del soberanismo catalán.
Y cuando el vicepresidente de la
Generalitat Oriol Junqueras dice que
“Legalidad sólo hay una, que se deriva del derecho internacional y de los
Derechos Humanos, y el Estado está obligado por ley a aceptar este referéndum,
aunque no lo quiera hacer”, no tiene en cuenta que la Asamblea General de la
ONU en 1960 ya aprobó lo siguiente: “Todo intento encaminado a quebrantar total
o parcialmente la unidad territorial y la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”, algo puesto de manifiesto por la Catedrática de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Araceli
Mangas Martín. Se comprende también que esta misma jurista haya dicho hace
menos de un año que “Si no se ponen límites, Cataluña puede ser un Estado de un
día para otro”.
Pedro Sánchez ha dicho que ve al Rey
“preocupado por la situación en Cataluña”. Si bien, la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría insiste en que al Estado le bastan 24 horas para recurrir esas leyes
y obtener su paralización. Por si no fuera suficiente la ministra de Defensa
señora Cospedal también manifiesta que las Fuerzas Armadas protegen la
soberanía de nuestro territorio nacional.
Un referéndum unilateral de
independencia va contra el Derecho Internacional. Y lo de que sea vinculante
suena a broma, puesto que no es legal. Sin cambiar la Constitución no se puede
realizar.
Se pueden escribir y pronunciar millones
de discursos políticos y no serían válidos, si pretenden justificar lo
injustificable, desde un enfoque legal riguroso y preciso.
Aunque el Tribunal Constitucional anula
por unanimidad las partidas del presupuesto para la consulta de la Generalitat,
ya se sabe que Carles Puigdemont no le hará ningún caso.
Y que digan el presidente de la
Generalitat y los independentistas que
proclamarán la secesión, como mucho en dos días, si gana el sí, sin considerar
el número de votantes es algo preocupante.
En definitiva, el espectáculo o el juego
ya duran demasiado. A cualquier gobierno
democrático se le acabaría la paciencia y aplicaría ya el artículo 155 de la
Constitución. Porque puede suceder que,
tanto va el cántaro a la fuente, que un día cae y rompe en mil añicos. Esperemos
que esto no ocurra con el secesionismo catalán.
En mi opinión, el gobierno está tentando
a la suerte o a la buena fortuna que hasta ahora ha tenido. Pero, en este mundo
no hay nada seguro, excepto la muerte, y convendría que se tomaran medidas más
contundentes dentro del respeto a los principios constitucionales.
Una vez que se proclame la independencia
de hecho y el Estado no quiera forzar la resolución del conflicto quedará la
resignación de aceptar la situación consumada de una república catalana
paralela al Estado español. Lo que sería terrible, porque abriría un periodo de
desajuste económico y social muy profundo para todos los ciudadanos.
El derecho es prescriptivo y obliga con
el uso de la fuerza, si es necesario e indispensable, con el fin de que se cumpla el ordenamiento jurídico
vigente.
Lo que no puede ser es que el independentismo pretenda usar la fuerza para cambiar la legalidad española
por otra distinta que justifique, de modo falso, una inventada legalidad
catalana. Considero disparatado que Junqueras diga que “la supuesta legalidad
del Estado español no es legal”, porque es falso y no hace falta ser jurista
para decirlo.
Actualmente, Cataluña puede prosperar
cada vez más, sin necesidad de ser una república pequeña que no llevaría a
ningún lado, ya que tendría que depender de España. Vivimos en un mundo
globalizado y los reinos de taifas son absurdos y conducen al desastre
económico y social.
El proceso directo de compra de urnas de
la Generalitat es otro intento de buscar procedimientos para incumplir lo que
dice el Tribunal Constitucional y el ejecutivo. Se verá lo que pasa. Esperemos
que el Estado no ceda.
En realidad, es cierto que existe una
clara deriva autoritaria en la Generalitat. También lo dicen las más altas
autoridades del Estado. Por cierto, lo escrito en este artículo o tribuna de
opinión es la manifestación pública de mi libertad de expresión.
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