PENSIONES GANADAS A PULSO

No cabe duda de que las manifestaciones de los jubilados son la expresión de una problemática real. El miedo a quedarse sin pensión o a que no suba cada año según el IPC.

Lo que no se puede pretender es que las personas que llegan a la edad de jubilación tengan que vivir de planes de pensión privados. Por supuesto, los que quieran y puedan están en su derecho de hacerlo, pero millones de ciudadanos no pueden por razones económicas muy poderosas. 

La Seguridad Social es una garantía de bienestar y es pública. El acuerdo logrado para mantener el poder adquisitivo de los mayores por los grupos parlamentarios es la plasmación de un cambio impulsado en parte por la presión social de la ciudadanía que está preocupada por el futuro de las jubilaciones. Al menos un porcentaje considerable de la misma.

Existen unos derechos que no pueden ser borrados o anulados por motivos económicos o porque sea necesario resolver un agujero de casi 20.000 millones de euros de la Seguridad Social.

Si con las cotizaciones no es suficiente para garantizar el pago de las pensiones después de que pasen diez años habrá que tomar medidas. Y son posibles y sencillas. La solución obvia y que ya aplican varios países europeos es subir un dos o tres por ciento los impuestos, aproximadamente, a los que perciben más ingresos anualmente en su declaración de la renta.

Se puede argumentar que no debe haber un esfuerzo intergeneracional desde una perspectiva puramente egoísta e insolidaria, pero no es el planteamiento ético correcto y apropiado desde mi análisis y el de otros. Todos llegaremos a ser viejos o mayores y a todos nos parecerá bien recibir una pensión que nos permita vivir con dignidad y suficiencia ese periodo de la vida. Está reconocido en nuestra Constitución española.

Por cierto, aunque el pacto por la revalorización de las pensiones sea un acuerdo de mínimos  me parece que habría que ir precisando más sus puntos o su contenido para no permanecer en la ambigüedad y en la diversa interpretación de sus aspectos fundamentales por los partidos políticos. Lo que es evidente es la necesidad de poner negro sobre blanco la forma exacta en que se va a realizar esa revalorización para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Lo demás es secundario, en principio. Habría que consensuar criterios compartidos.

El derecho a percibir pensiones es clave por una cuestión de justicia bien entendida.  Hace, por ejemplo, doscientos años no había jubilaciones y las personas tenían que ahorrar para la vejez, si es que llegaban a la misma. Era una situación incoherente a todas luces, por motivos fácilmente entendibles. No todos podían ahorrar y otros acumulaban poco dinero para la parte última de su existencia. Lo que daba lugar a situaciones tremendas.

Un gran filósofo alemán como Kant que murió en el año 1804 ahorró para su vejez de un modo muy prudente, pero era profesor de Universidad y se lo podía permitir, pero otra mucha gente de su tiempo no podía hacerlo. Posteriormente en el último tercio del siglo XIX y en el siglo XX se fue universalizando la prestación de jubilación en el mundo.

Uno de los impulsores fue el canciller Bismarck en Alemania en el año 1889, ya que creó un sistema de pensiones público que fue el modelo principal que siguieron otros países. Aunque es cierto que la esperanza de vida era de 35 años para los ciudadanos alemanes y de 38 para las alemanas y la edad de jubilación era a los 70 años. Por tanto, llegaban a percibir las pensiones las clases altas  sobre todo a finales del siglo XIX.

Actualmente las cosas han cambiado enormemente, pero también la sociedad del conocimiento y la era digital en la que estamos hace que la producción de bienes o de riqueza sea muchísimo mayor en pleno siglo XXI.

En consecuencia, aunque la esperanza de vida y la longevidad hayan subido mucho esto no es algo que impida la resolución de la financiación y la sostenibilidad del sistema de pensiones de España, ni de ningún país desarrollado.

Se trata de aplicar una subida de impuestos moderada a las empresas y ciudadanos que por sus elevados ingresos  puedan colaborar para sumar más fondos a los ya existentes a través de las cotizaciones. Y si con esto no es suficiente se podría hacer una muy pequeña subida de impuestos a otros sectores de la población. La solidaridad es un valor ético esencial y crucial.