Realmente lo que está
pasando en Cataluña con el independentismo es esperpéntico. Se niega el valor
de las leyes democráticas aprobadas y se insiste en la confrontación a toda
costa. La sentencia condenatoria por sedición y malversación está basada en hechos
probados. Que son en lo que se apoyan las argumentaciones como es lógico. En
caso de duda a favor del reo, pero con actos probados y con pruebas objetivas
desparecen por completo las dudas sobre los delitos cometidos.
El juez Marchena y los
otros magistrados del Tribunal Supremo han preferido buscar la unanimidad en la
sentencia, a mi juicio, como una forma de ser más justos y también con el fin
de evitar posibles problemas ante un casi seguro recurso al Tribunal de
Estrasburgo por parte de los líderes independentistas.
Es una sentencia firme
que condena a 13 años de prisión a Junqueras, 11 y medio a Forcadell y 9 años a
los Jordis. Y podía haber sido una condena mayor, pero se ha optado por unos
planteamientos prudentes que consideran con exquisito cuidado todos los matices
a tener en cuenta en un proceso judicial ejemplar con todas las garantías
procesales. Así lo afirma la prensa internacional que ha seguido el juicio con
todo detalle a través de las
televisiones de los diversos países.
El Presidente de
nuestro país ya ha realizado una declaración institucional en la que insiste en
que no procede hablar de indultos. Es indudable también desde la perspectiva
del Gobierno de que el fallo debe ser acatado u obedecido por todos.
Por otra parte, el
juez Llarena emite una nueva euroorden contra Puigdemont para evitar que huya
de Europa. Debería estar ante la justicia española y encima critica duramente la represión de la
democracia española contra el proceso independentista, algo absolutamente
falso. Es todo lo contrario, como es obvio.
También habla
Puigdemont de brutalidad judicial y es totalmente descabellado que diga esto.
Los jueces aplican las leyes ante delitos muy graves. Parece que no quiere
entender que España es un estado democrático de derecho en toda regla. Lo
reconocen todas las instancias internacionales también. Además, insiste en su
lucha para lograr una república independiente catalana.
El Supremo permite que
Torra pueda facilitar de inmediato el tercer grado a los presos del procés.
Algo que es una muestra más del buen hacer del más alto tribunal español. El
fallo no es injusto ni antidemocrático como dice Torra. Al contrario se basa en
el derecho vigente y en el respeto a la Constitución y al ordenamiento legal
español. Ningún país europeo toleraría un desafío semejante a su soberanía como
Estado y a sus leyes. Cataluña ya es una autonomía con mucho poder dentro de
España, de las que más puede hacer con
su autogobierno.
Como la sentencia se
ha conocido por la mañana, una parte de los independentistas ya han repartido
tarjetas de embarque para bloquear el aeropuerto de El Prat, pero no lo han
logrado, porque la policía lo ha impedido. También las cargas policiales han
contenido a los cientos de separatistas que han intentado tomar el aeropuerto
de Barcelona.
La prensa
internacional se ha hecho eco de lo que está sucediendo. Un periódico belga
dice que es una aberración que Puigdemont denuncie las condenas de los
independentistas catalanes.
Es que está fuera de
toda lógica jurídica o legal que se condene
por unas justas condenas a personas que han cometido delitos de sedición
y malversación muy graves. Y esto es aplicable a cualquier país en que algo
parecido hubiera sucedido.
No es cierto que no
haya más vía que el referéndum de autodeterminación como dice Puigdemont. De lo
que se trata es de que no se fracture
más la sociedad catalana en dos partes irreconciliables. Algo que lleva camino,
quizás, de producirse si sigue la espiral de incomprensión y fanatismo de los
independentistas.
Su proceso
independentista no tiene futuro y está haciendo mucho daño a Cataluña. La
sociedad civil catalana no se merece esto, especialmente, la mitad o más que no
es independentista. Y la fuerza de los números no es suficiente para dar o
quitar la razón. No importa que dos millones de catalanes independentistas
digan que quieren una república independiente. No tienen argumentos
democráticos y una base legal en la que apoyarse y tampoco una justificación
democrática, porque desprecian las leyes existentes que niegan la posibilidad
de la independencia. La pluralidad de
naciones está reconocida pero dentro de la unidad de España.
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