La prisión del Govern no significa que
existan presos políticos.
Ya está bien de tergiversar las ideas de
modo irracional. Ante un incumplimiento manifiesto y flagrante de las leyes y
de las sentencias judiciales, la jueza Carmen Lamela ha tomado la decisión de
encarcelar a Junqueras y a otros miembros de su Govern.
Una de las cosas más importantes es
saber argumentar y razonar. Y parece que se está perdiendo esta capacidad en
algunas personas. Existen premisas y una serie de pasos deductivos y se llega a
una conclusión desde un análisis lógico.
La magistrada lo ha decidido, entre
otras razones, porque durante, al menos, dos años no han obedecido las leyes
vigentes en su actuación política y han tomado decisiones absolutamente
ilegales sabiendo que lo eran.
Decir que la jueza Lamela es ciega en
relación con las circunstancias políticas existentes en Cataluña es mostrar una
evidente falta de raciocinio, ya que es la expresión de una argumentación falaz
o engañosa. La aplicación de la justicia está por encima de los aspectos
políticos. Todos somos iguales ante la ley. Si esto no se respeta se puede
decir que todo vale. Y unos planteamientos priman sobre otros por su mayor
profundidad, rigor, precisión y significación. Si se hacen excepciones por
razones políticas en las decisiones judiciales se suprime totalmente la
confianza en la imparcialidad judicial.
No me parecen desproporcionadas las
decisiones de la jueza respecto al Govern, ya que lo que ha sucedido ha sido
una rebelión y una secesión en toda regla y esto tiene consecuencias penales
muy graves. No hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de ello.
Que se pidan penas de cárcel de hasta 50 años da una idea precisa de la
magnitud de lo realizado por los acusados.
Además, la huida de Puigdemont a Bélgica
abre un panorama que se puede dilatar en el tiempo o no. Ya se irá viendo. El
fiscal ya pide orden de detención para Puigdemont y varios exconsejeros que
están en Bruselas. Puede cursarse la euroorden de detención y entrega respecto
al expresidente de la Generalitat, aunque él se siga considerando presidente de
la república catalana. Y aunque se defienda con su abogado y no se haya
presentado a declarar ante la justicia como era su obligación, la justicia
reaccionará. El gobierno belga parece que está incómodo ante esta situación. Se
abre también la posibilidad de la extradición, etcétera.
Ya se ha convocado una huelga general
para el día 8 de noviembre. Es un intento más de negar la realidad y el derecho
para conseguir que sean puestos en libertad los encarcelados. Los jueces son
los que pueden disponer la concesión de la libertad de acuerdo a criterios
basados en la interpretación racional de las leyes y no en función de las
presiones recibidas. Es preciso confiar en el poder judicial. Los jueces saben
entender los agravantes y atenuantes de cada conducta y decisión y juzgan
analizando y valorando los datos y el sumario que conocen. Por tanto, estoy
seguro de que actuarán de acuerdo con el ordenamiento legal vigente siendo
justos en sus decisiones. Además, las garantías procesales existentes en España
son máximas y están a la altura de los países más democráticos del mundo.
Que los exconsejeros catalanes pudieran
permanecer hasta dos años internados a la espera de juicio es creo que una
simple posibilidad especulativa y nada más. Los jueces también son sensibles a
estas cuestiones y decidirán lo más apropiado en cada caso. Estoy plenamente
convencido de ello. El sistema judicial español es muy garantista y existe, en
numerosos casos, la posibilidad de recurrir decisiones o sentencias.
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