Una renta mínima es necesaria para las personas que realmente la precisan.
Se pueden
poner requisitos o condiciones para garantizar que este tipo de prestación se
da a los ciudadanos que están en situación económica extrema o en estado de
exclusión social por no disponer de ingresos mínimos para poder vivir
dignamente. Por razones humanitarias y de justicia social es entendible que el
Estado se ocupe de mantener un mínimo nivel de bienestar, al menos, para los
sectores de población afectados por la cronificación del paro y por otras
circunstancias socioeconómicas muy negativas.
La
tramitación de unos ingresos mínimos para las familias sin recursos ha sido
aprobada en el Congreso y es algo, a mi juicio, razonable. Y, si es preciso
subir el IVA tres puntos, habrá que
hacerlo. Lo que no deber ser es que un millón y medio de ciudadanos pasen
hambre y no puedan vivir decentemente. Aunque se tenga que subir un 20% el
IRPF. Pero, si se piensa en el fraude fiscal y en otros tipos de engaño al Estado,
considero que no haría falta tanta subida de impuestos. El coste de la renta
básica sería de 15.000 millones de euros anuales y la corrupción supone una
pérdida anual de 40.000 millones de euros al año. Sobran las palabras. Se deben
poner más medios para reducir sustancialmente el dinero que pierde el Estado
por las prácticas corruptas y dedicarlo a fines sociales como los representados
por la renta básica.
Soy
partidario de una renta mínima para los que de verdad la necesiten. Varios
países europeos están pagando esta prestación mínima de ingresos: Suiza, Reino
Unido, Noruega y Alemania y no han
quebrado, porque aplican un control adecuado y una administración política y
económica coherente de su coste. España puede hacer algo similar.
El sistema de
bienestar de España no puede despreciar a un millón y medio de ciudadanos y
dejarlos abandonados a su suerte, porque no sería un auténtico Estado que
garantice una adecuada calidad de vida algo reconocido y garantizado por la
propia Constitución. Ya dice en el preámbulo el texto constitucional: “asegurar
a todos una digna calidad de vida”. Aunque sea expresado en relación con el
progreso económico y cultural. Lo sustancial del planteamiento constitucional
está muy claro en este aspecto. Es de sentido común, por otra parte, que el
Estado vigile para que no exista fraude o engaño en la percepción de estos
ingresos mínimos. Y, si una parte de los españoles se preguntan ¿Por qué tienen
que trabajar para los pobres? una de las posibles respuestas es fácil de decir:
porque cualquier persona puede llegar a serlo, por desgracia, en el mundo en el
que estamos viviendo, que es el de un neocapitalismo feroz y despiadado. Es, en
el fondo, lo que planteaba Rawls que era un gran filósofo político. En
consecuencia, es preciso que las decisiones políticas tengan en cuenta que la
posición original de la que parten todos los individuos en la sociedad no es la
misma. El Estado tiene que compensar los
grandes desequilibrios producidos por el sistema capitalista neoliberal que existe
en la actualidad.
Pensar que el
mismo sistema económico y laboral será el que compense el esfuerzo y el mérito
es no saber que la macroeconomía y los intereses del gran capitalismo no consideran las penalidades de los más
necesitados. Además, la microeconomía es también muy importante, porque es la
expresión de la realidad social.
Por tanto, si
se quiere vivir en un auténtico estado de bienestar está claro que no se debe
aceptar que existan personas sin medios económicos mínimos para poder vivir
dignamente. Los políticos, sean del partido que sean, me parece que tienen que
pensar en todos los ciudadanos, por una razón de justicia social.