Según
Intermón Oxfam un 25% de la población española está en situación de pobreza.El
dato procede de una investigación realizada por esta organización y está
expuesto en un informe riguroso y verificable con diversos procedimientos. Es,
a mi juicio, altamente preocupante que esto suceda en nuestro país. Están
fallando muchas cosas. Las empresas tendrían que pagar más impuestos para que
el peso del sostenimiento del Estado no recaiga en exceso sobre más del 83% de
los particulares. La redistribución de las cargas impositivas no es la adecuada
para poder reducir mucho más los niveles de desigualdad económica existente.
Saber
que tres españoles acumulaban en 2016 la misma riqueza que 14,2 millones de
españoles es, en mi opinión, demoledor. Además, la distancia entre las rentas
de los ricos y de los pobres aumenta en vez de disminuir. La igualdad económica
entendida como principio rector de la política económica del estado español
parece que ha saltado por los aires.
También
está el problema de los bajos salarios que no dan para vivir con dignidad. Las diferencias en los salarios entre
hombres y mujeres en España son considerables en muchos casos y esto no debería
ser así. La igualdad salarial con la misma categoría laboral y mismas funciones
es lo que tendría que exigirse siempre.
Los españoles cobramos mucho menos que la media europea. El poder adquisitivo de los trabajadores y
pensionistas ha bajado considerablemente en los últimos años. Y esto aumenta las
dificultades económicas de muchos ciudadanos.
No
es extraño que un sindicato considere que es necesario que se apruebe cuanto
antes una Ley de Igualdad Salarial. Ya que es una cuestión crucial que debería
ser objeto de discusión y de posible acuerdo por los partidos políticos
representados en las Cortes.
Y,
si se piensa en la desigualdad extrema en el mundo, la situación es
espeluznante. En India, por ejemplo, viven alrededor de 90 millones de personas
en condiciones de pobreza extrema y si no se frena el incremento de la
desigualdad seguirán igual.
Es
imprescindible erradicar la pobreza. Y si no se cambia la política económica
pública, de modo radical, no se irá
reduciendo la desigualdad. Los salarios bajos o muy bajos son frecuentes en
España y esto no es admisible. Es natural que los empresarios quieran obtener
los máximos beneficios posibles, pero no a costa de pagar sueldos miserables a
los trabajadores. Y no digo que todos los empresarios hagan esto, pero en
bastantes empresas pagan salarios demasiado bajos. Es significativo que la
hostelería sea el sector que registra los salarios más bajos de toda la Unión
Europea. Teniendo en cuenta que el año pasado nos visitaron 75 millones de
turistas en España y que gastaron muchos miles de millones de euros en nuestro
territorio no parece coherente.
Que
las mujeres tengan en nuestro país un salario medio mensual de 1.813 euros
frente a los 2.166 euros de los hombres es algo que muestra una brecha salarial
injusta y discriminatoria. En Dinamarca el salario medio de las mujeres es más
del doble que el ingresado por las españolas.
Debe
existir, realmente, una mayor igualdad en los salarios y no estas diferencias
abismales entre los ingresos de los trabajadores. Y que las grandes empresas
con enormes beneficios paguen impuestos en función de los mismos. Las empresas
dependen de sus trabajadores y de la sociedad y no son algo independiente de la
estructura de la comunidad en la que están insertadas. Por tanto, el Estado
tiene derecho a exigir que contribuyan más al sostenimiento de la colectividad
y al de sus ciudadanos. No es suficiente con que dediquen una cantidad
simbólica de sus beneficios a obras sociales.
