¿A qué juega el independentismo catalán?
No se trata de saber a qué juegan el Gobierno español y varios partidos
políticos españoles. El Estado no juega a nada.
El Estado español está legitimado
democráticamente por las Naciones Unidas y por otras instituciones
internacionales. No existe la pena de muerte y se observan los derechos
procesales y los derechos humanos, etcétera.
Y no sirve decir, porque no se sostiene
argumentativamente que “ninguna constitución soporta constituirse cuando las
partes no quieren constituirse juntas. Simple pero claro. A partir de aquí,
nadie entiende a qué juega el gobierno español”. Esto escribe una persona en un
comentario a una noticia sobre el pulso independentista catalán. Y con todo el
respeto que se merece este planteamiento cabe decir que no es lógico ni
racional lo que expresa desde un análisis jurídico mínimamente coherente. En
cualquier Estado de Derecho que realmente lo sea no se puede estar cambiando la
constitución cada día, en función de los intereses. Porque, en su momento, hace
más de treinta años se aprobó el texto constitucional vigente en la actualidad.
Es como, si un partido político gallego
con ansias de independencia dice que quiere el referéndum ya para
establecer una república gallega independiente.
El ordenamiento legal existente posee
una legitimidad incuestionable y no se lo pueden saltar, a cada momento y a
capricho, las fuerzas políticas que
pretenden la independencia.
En los países del entorno: Francia,
Alemania, Italia, Portugal, etcétera, ni siquiera se plantean un escenario
político parecido al que ha organizado el secesionismo catalán. Habría que
cambiar la constitución española con un procedimiento reglado y establecido legalmente
para dar cabida a la fórmula de un referéndum bien regulado previamente. Algo
que sería, a mi juicio, un error muy grave y un despropósito, si se piensa en
el mundo actual y en las consecuencias económicas catastróficas que se
derivarían de la existencia de un estado catalán.
Considero que la amenaza del Govern de
aprobar las leyes de ruptura por decreto tendría que suponer la reacción
inmediata del Gobierno tomando medidas contundentes como la aplicación
inmediata del artículo 155 o el estado de excepción. No se puede consentir que
se salte la ley constantemente y permanecer impasibles ante ello. Ya lo están diciendo diversos articulistas,
politólogos y juristas de prestigio. Se
pueden consultar los tratados de Derecho y nos cargaremos de argumentos y razones jurídicas irrefutables.
Por otra parte, Ciudadanos, PSC y PP
piden un informe jurídico del Parlament sobre las leyes secesionistas. Me
parece irrisorio e ingenuo, con todo el respeto a los partidos citados por su
voluntad de solucionar el embrollo independentista. Es como pedir a alguien que
ha cometido un delito que se justifique y escuchar sus excusas. Se trata de
actuar con las leyes en la mano, lo demás sobra.
Los
líderes de los partidos independentistas catalanes ya han dicho que, si
no hay referéndum, habrá independencia de inmediato. Esto no puede ser tolerado
por ningún ejecutivo y deberían tomarse medidas inmediatas. Se está
desarrollando y escenificando un golpe de Estado en toda regla y no se hace prácticamente nada.
Los independentistas dan por hecho que
al declararse como país la República catalana estará en la Unión Europea. Es
mucho decir, ya que todas las altas autoridades europeas han dicho que no es
posible, puesto que incumple la legalidad vigente en la Unión.
Además, la Generalitat pretende asumir
todo los bienes del Estado en Cataluña y disponer de todos los funcionarios y
de los impuestos, entre otras cosas. Se
puede hablar lo que se quiera, pero al final lo hecho es lo que vale en
política. El independentismo puede prometer lo que desee, faltaría más, pero va
a ser como escribir en el agua. El Gobierno debería reaccionar ya. No conviene
esperar más. Después no van a servir de nada las lamentaciones ante hechos
consumados.
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