El pacto sobre Gibraltar por el Brexit
es imposible sin el visto bueno de España.
Y las máximas autoridades británicas
parece que no quieren aceptarlo de ninguna manera. Empezando por la primera
ministra Theresa May. El Gobierno español ya está avisando de que el pacto de
la UE con Londres no afecta al Peñón. Gibraltar es una colonia y las
autoridades inglesas no lo quieren admitir, aunque es un territorio de
ultramar.
El documento de May sobre el futuro
estatuto de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido no puede
pasar por alto que la colonia de
Gibraltar posee unas características especiales.
La líder del gobierno británico parece
ignorar la posición de la Unión Europea al respecto, que dice muy claramente
que “después de que el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido”.
Algo que no admite interpretaciones, ya que es absolutamente rotunda la
redacción realizada en las directrices para el Brexit.
Y, si se llega a un pleito judicial, lo
lógico es que lo resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no la
justicia británica como pretende el Gobierno británico. Es perfectamente
coherente y racional que una de las partes afectadas no sea juez en el asunto,
porque la decisión o la sentencia ya se sabría que sería el reconocimiento de
la validez o justificación legal de las
pretensiones británicas.
También es evidente que el negociador
del Brexit, por parte de la UE, debe ser neutral y apoyar lo aprobado por el
Consejo Europeo el pasado 29 de abril y no salirse del guión establecido en las
directrices ya mencionadas. Se espera que Michel Branier realice la negociación
respetando, en todo momento, lo establecido por escrito.
Con todo el respeto por el Reino Unido y
por sus ciudadanos y políticos estoy convencido de que la situación de
Gibraltar es algo inadmisible en pleno siglo XXI. Es un territorio que está en la península
ibérica y que pertenece a España por numerosas razones.
Si Gran Bretaña hubiera perdido en una
guerra Brighton o Cornualles y por un tratado firmado hace cientos de años fueran
colonias españolas supongo que no les parecería justo a los gobernantes y a la
sociedad civil inglesa actual.
La firmeza del ejecutivo español debe
ser máxima para que no sean atropellados los derechos de España en relación con
lo escrito y aprobado en las directrices
para el Brexit por el Consejo Europeo.
El derecho tiene que prevalecer sobre
los hechos consumados y la fuerza. Y la Unión Europea no debe ceder ante el
Reino Unido en ningún caso en esta cuestión y tampoco en otras.
Los gobernantes británicos no querían
salir de la Unión Europea, pero al convocar la consulta popular les salió mal y
llegó el Brexit. Lo que no vale ahora es que quieran mandar y poner las
condiciones que ellos deseen para la salida de la comunidad europea, sin contar
con los países miembros de la Unión y con las autoridades de la misma.
Aunque poseen las ventajas comerciales
derivadas de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones no les parece suficiente y quieren imponer sus
condiciones a España y a Europa. Ya está bien.
La actitud imperialista ya no es válida
y ha pasado a la historia. Las autoridades británicas deben ser razonables y
respetar el derecho internacional y lo que han firmado para su salida de la
Unión.
Parece increíble que, en el país en el
que surgió la revolución industrial, puedan existir actitudes políticas tan
cerradas respecto a los derechos de otros países. La justicia europea y los
acuerdos firmados deben ser suficientes para que se cumpla lo acordado libre y
voluntariamente por las autoridades inglesas.
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