Un 18% de paro en nuestro país frente a
un 10% de desempleo en Francia.
No parece coherente ni justo que la
ciudadanía española tenga que soportar estos altos niveles de paro. Al mismo
tiempo la lista de morosos es de 4.549, según los datos de Montoro. Que exista
una deuda fiscal de 15.400 millones de euros es preocupante. Con este dinero se
podrían pagar salarios sociales o prestaciones y renta universal básica a
millones de desempleados durante un tiempo.
De todos modos, es evidente que el
Gobierno no debería permanecer indiferente ante estas cifras de paro. El
desempleo juvenil es muy alto en el territorio español.
Entre los ninis y los jóvenes
sobradamente preparados que no encuentran un trabajo digno y de calidad está
aumentando la salida de personas hacia otros países en busca de un futuro
laboral. El trabajo basura que no da para vivir es frecuente.
La precariedad y la temporalidad
cercenan las posibilidades de emprender una existencia racional a mucha gente
que no se merece esto. Todos los ciudadanos están amparados, teóricamente, por
los principios constitucionales y los derechos humanos.
Que muchos trabajadores, especialmente
jóvenes, tengan que trabajar jornada completa por 400, 500 euros o cantidades
similares es una vergüenza.
Si el ejecutivo no es capaz de crear
puestos de trabajo a un ritmo más rápido, lo que corresponde es que
redistribuya muchas más ayudas económicas a los parados que las necesiten hasta
que encuentren trabajo. Algo que hacen en Bélgica, por ejemplo.
No es suficiente con decir que España
mejora. Las personas no pueden esperar años y años para comenzar su proyecto
vital de un modo mínimamente estable y crear una familia. Se necesita un
salario o unos ingresos suficientes facilitados por trabajos de verdad.
Cuatro millones de parados son algo
excesivo. Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, dice que
“Cada país debe seguir su propio camino en función de sus condiciones”. España
necesita, a mi juicio, reformas muy profundas en la normativa laboral. Los
contratos indefinidos debían ser mucho más abundantes en comparación con los temporales.
Debería haber un control mucho más minucioso de las empresas para que no se
cometan abusos respecto a los trabajadores o empleados.
Resulta curioso, como mínimo, que, por
ejemplo, la industria hotelera cree empleos a un ritmo del 8%, y en este sector
los salarios, según dicen, caen el 3%. No parece nada razonable de ser cierto.
Lo lógico sería lo contrario. Y esto mismo se puede plantear respecto a
cualquier empresa que aumenta y crece.
La gente no puede esperar. La igualdad
de oportunidades brilla por su ausencia desgraciadamente. La meritocracia ha
desaparecido. Muchos trabajos no se dan a los más preparados sino a los que
tienen mejores contactos.
La desigualdad campa a sus anchas.
También sucede con las lista de espera en Sanidad. Existen unas diferencias
brutales en los tiempos de espera de una Comunidad Autónoma respecto a otra. Y
esto es claramente inconstitucional.
Si queremos remediar este tipo de
situaciones injustas es necesaria una nueva legislación laboral racional y
sobre todo que se aplique realmente, en beneficio de los trabajadores y
emprendedores.
Los empresarios pueden ser apoyados con
incentivos y ventajas, pero con condiciones: deben pagar sueldos justos y
propiciar un buen ambiente laboral, entre otras cosas. La persecución del
beneficio no lo justifica todo. La explotación en el trabajo debe ser suprimida
por completo. La economía sumergida es un lastre que debe desaparecer por el
bien de todos los que componemos la sociedad española. Para que haya más
justicia social. Los contratos por horas y días deberían ser algo excepcional y
no habitual para determinadas empresas.
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