Parece
que la justicia no es igual para todos y que no
siempre es equitativa. Eso es lo que se deduce de la sentencia del caso
Nóos. Especialmente si pensamos en Urdangarin. Discriminación es toda aquella
acción u omisión que se realiza por personas, grupos o instituciones y que
produce desigualdad. Y, a mi juicio, es evidente que a una
persona que ha sido condenada por corrupción con una considerable cantidad de millones de
euros defraudada se le permita esperar en Suiza, sin fianza y sin retirarle el
pasaporte me parece un agravio comparativo respecto a otros numerosos casos de
delitos similares o no en los que las medidas son mucho más fuertes. A los
datos me remito, ya que Hacienda cifra en 16 millones de euros los cobros recibidos
por la trama de Urdangarin.
Y
casi el 40% del dinero defraudado salió de las arcas públicas. Y esto es algo
muy grave, porque se ha robado el dinero de los españoles. Y frente a la
prevaricación, fraude, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda
pública ni siquiera se aplica la fianza y la retirada del pasaporte al que
fuera duque de Palma.
En
cambio, por ejemplo, en el año 2007 condenaron a un año de cárcel a una persona de
Lugo que robó un jamón y un cartón de vino en Galicia. Se ve la desproporción
discriminatoria, sin necesidad de numerosas argumentaciones y razonamientos. Y
se podrían poner otros muchos casos parecidos.
A
la espera del recurso presentado al Tribunal Supremo por el equipo de abogados
de Urdangarin parece que su condena ha causado asombro, estupor e indignación
en buena parte de la ciudadanía española. A cualquier ciudadano le hubiera
caído una pena mucho mayor por unos delitos similares. La condena tenía que
haber sido ejemplar y no lo ha sido. Al menos, con una sanción económica mucho
mayor y una fianza mucho más elevada.
En
el caso Gürtel el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideró en su
sentencia el elevado riesgo de fuga y los cabecillas de la trama corrupta
fueron enviados a la cárcel sin esperar al Supremo. Parece que, aunque las
circunstancias no sean las mismas, los criterios son diferentes y la
interpretación jurídica también.
En
relación con Urdangarin frente a los 19 años de cárcel las juezas han
considerado por consenso que lo más justo era una condena de 6 años y tres
meses de privación de libertad. Valorando el sumario de 70.000 folios y las
pruebas analizadas.
La
alarma social producida por la baja condena y por la falta de fianza y otras
medidas se ha expresado en comentarios en los periódicos,
también en artículos, columnas de opinión, en cadenas de televisión, en la
radio. Perjudica a la credibilidad de la Justicia y también al Estado, en mi
opinión. El video de Miguel Ángel Revilla, actual presidente de la comunidad
autónoma de Cantabria, también es clarificador.
Se
puede mirar para otro lado y buscar excusas y medias verdades, pero no es lo
más coherente y juicioso. Por supuesto, es una cuestión opinable, pero la mayor
parte de los ciudadanos creo que pueden estar de acuerdo con lo que acabo de
escribir.
Desde
México y otros países pueden ver que partiendo de un enorme respeto a la labor
de la Justicia también es posible y adecuado elaborar reflexiones que pongan
por escrito aspectos que deben quedar claros para que la imparcialidad y la
igualdad sigan siendo los fundamentos de las decisiones de los tribunales. Ya
se sabe que la interpretación de las leyes corresponde a los jueces y no niego
que su trabajo es decisivo para la sociedad y la ciudadanía. Pero me ha
parecido conveniente expresar algunas reflexiones sobre uno de los condenados en el caso Nóos.
