Ciertamente, los
profesores en Asturias no se merecen arriesgar su vida presentándose a una
oposición docente sin garantías
sanitarias. Así lo han puesto también de manifiesto los docentes de Canarias, Valencia,
Murcia y Aragón.
Están aumentando los
contagios y llegará la cuarta ola en las próximas semanas coincidiendo con la
Semana Santa. El exceso de carga laboral con la semipresencialidad se deja
sentir, de una forma muy fuerte, en el profesorado y el riesgo de estrés es
evidente. La pandemia ha duplicado el trabajo de los enseñantes.
Si a esto se añade el
sobreesfuerzo que se exige a este colectivo,
en comparación con otros trabajos públicos se observa que la situación es insostenible.
En estas condiciones no se pueden preparar adecuadamente las pruebas de la
oposición. Lo que no puede ser es que, en vez de aplazar la oposición lo antes
posible, se anuncie la suspensión o el aplazamiento unos días antes de la
misma, por ejemplo, el 15 de junio.
El proceso de
vacunación se ha paralizado. Parece que se va a vacunar el fin de semana a los
docentes para que no falten los días laborables en sus centros educativos por
los efectos secundarios. Dentro de unas 11 semanas será el momento en el que
comenzará el proceso de vacunar con la segunda dosis, o sea, cuando empieza la
oposición en Asturias. Es demencial.
Y las vacunas tienen
efectos secundarios que afectarán a los opositores y a los que conforman los tribunales. Irán opositores que tienen
que estar en cuarentena y se presentarán opositores contagiados para que no los
echen de la lista de interinos, con el riesgo consiguiente, aunque esté
prohibido. Peligra la vida. Es un sálvese quien pueda.
Las secuelas del
coronavirus pueden ser muy serias. Es como jugar a la ruleta rusa con la
muerte y esto no se debería consentir
por parte del Gobierno autonómico asturiano.
Lo primero es el
derecho a la salud y porque se aplace la oposición hasta que el 70 u 80% de la
población en Asturias esté vacunada no pasa absolutamente nada, ya que es lo
racional y eso no va a ocurrir hasta pasado el verano con seguridad e incluso
puede que se llegue al próximo año. El ritmo de vacunación es muy lento y
farragoso. Lo dicen también los expertos en estas cuestiones. Es innegable.
Además un calendario
lectivo tremendamente exigente que llega
hasta el 30 de junio y que tienen que cumplir todos los profesores, como es
lógico, produce la indefensión ante la inmensa avalancha de evaluaciones,
trámites, informes de todo tipo, exámenes a los alumnos y una gran cantidad de
tareas administrativas y burocráticas que requieren muchísimo tiempo en junio
precisamente.
Los profesores que
formen los tribunales tendrían que estar todos vacunados, pero conviene no
olvidar que eso no significa que no contagien o que no puedan resultar
infectados. Y esto también se aplica a conserjes y personal laboral que estén
presentes en las sedes de la oposición.
Con la
descentralización de los tribunales en Asturias puede darse el caso de que haya
350 opositores que se examinen en una
localidad pequeña con un elevado riesgo de contagio. A esto es preciso sumar
que puede haber cortes de carretera al acudir a la oposición por diversos motivos.
Y que las reservas de
hoteles por las dificultades de desplazamiento causadas por la pandemia son
otra carga más que no es de recibo, en una situación de pandemia como la que se
está padeciendo.
Además, docentes que
llevan muchos años trabajando de forma continua pueden quedarse en la calle,
con lo que eso supone en los que tienen más de 55 años. No se lo merecen.
En otras Comunidades
Autónomas los profesores con 15 o más años trabajados siguen enseñando hasta su
jubilación. En Asturias esto no se quiere aplicar. Es, en mi opinión, una
actitud discriminatoria injusta que no respeta la igualdad de derechos, por
motivos obvios.
Si a esto se une el fraude de ley por la forma de contratación
continuada que ya ha reconocido el Tribunal de Justicia Europeo no hace falta decir mucho más para describir
la situación de los interinos.
El Tribunal Supremo
juzgará si el Sespa abusó de la contratación de médicos interinos. Esto se
puede extender al ámbito educativo y crear jurisprudencia. Puesto que varias
sentencias del TSJA ignoran la directiva
europea. El Supremo puede reconocer la obligatoriedad de un contrato indefinido
no fijo o derecho a indemnización. Jurídicamente es lo que procede.
(ARTÍCULO 1.093)
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