Ya ha comenzado el pasado jueves la
campaña por el sí a la independencia. Y el Gobierno no ha podido impedirlo, ya
que el primer acto se ha celebrado de forma pública y con miles de asistentes.
Esto supone un mal precedente. Es un mal síntoma, en mi opinión.
Y aunque hasta el Fiscal General del
Estado no excluye las detenciones y dice: «Hay varias cosas a considerar, pero
el tema de pedir prisiones yo no lo excluyo en absoluto». Da la clara impresión
de que a pesar del extraordinario esfuerzo que realizan las fuerzas de
seguridad que intervienen más de 1,3 millones de carteles y folletos del 1-0 no
es suficiente, porque los incumplimientos de lo que dicen las leyes son abundantes y continuos por parte de
los independentistas.
Y siendo verdad que la policía debe
actuar con proporcionalidad para mantener el orden público creo que se tendrían
que haber tomado medidas más contundentes.
También considero que debería haber una
dirección política por parte del Gobierno central respecto a la actuación de
las fuerzas policiales para que no se
celebren actos de campaña sobre la consulta ilegal del 1 de octubre. Ya ha sido
detenido un militante de la CUP por agredir un agente. Esperemos que no surja
la violencia a medida que se acerca la fecha del referéndum y en los días y
meses siguientes. Porque, en ese caso, el Gobierno también podría utilizar la
fuerza de una manera que fuera ajustada a derecho.
El falso victimismo parece que se está
instalando en una parte de los independentistas. No existe ningún tipo de
represión. Lo que no puede ser es que los que se saltan la ley queden impunes.
Además, se dicen cosas falsas, ya que el derecho internacional no justifica o
ampara la celebración de un referéndum inconstitucional y contrario a nuestro
ordenamiento legal vigente. Es la
ceremonia de la confusión. Que, tal vez, le esté dando buenos resultados al
secesionismo. Ya que una parte de los ciudadanos pueden creerse estas
falsedades, porque se repiten como si fueran verdades.
La consulta tampoco es una imposición
del pueblo catalán, porque más de la mitad de la población catalana no quiere
ser una república independiente de España.
Y no existe una legitimidad
internacional del derecho a decidir como sostiene el bloque secesionista.
Porque es un disfraz que tapa el deseo de lograr la aprobación de la
independencia de la forma que sea. Como escribió hace varios años Francisco
Rodríguez Adrados: «No se puede poner a votación lo prohibido por la Constitución, que en su
artículo 2 habla de la indisoluble unidad de la nación española». Es evidente
que se trata de una lucha por el poder de los partidos que son partidarios de
la independencia. Quieren conseguir que su República catalana se constituya y
de esta manera logren dominar la sociedad catalana a su gusto.
Impondrán, si lo consiguen, a más de la
mitad de la población catalana sus planteamientos, lo que supone borrar, casi totalmente, la
cultura española presente en Cataluña.
Es como, si el resto de los españoles no
contásemos en todo este embrollo del secesionismo. Y somos parte afectada
también. Por el tipo de razonamiento que emplea el independentismo las
dieciséis comunidades autónomas restantes podrían realizar un referéndum e
independizarse. Serían diecisiete estados dentro del territorio español. Un
sinsentido.
Además, cerca de un millar de artistas
en intelectuales han firmado un manifiesto titulado: 1-0 Estafa
antidemocrática. El título es muy claro y no se precisan muchos comentarios, si
se considera lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Parlament
catalán. Es evidente que la consulta es un engaño a los ciudadanos y una trampa
por razones de mucho peso y muy sólidas.
