Ya en los siglos XVIII
y XIX se consideraba que era necesario un estado social y de derecho. No en
vano la Revolución francesa cambió la situación política y causó una gran
repercusión en el mundo occidental.
Fichte en su libro El
Estado comercial cerrado del año 1800 publicado en Alemania afirma la necesidad
de un gobierno y una política racionales para que se pueda lograr el bienestar
de todos los ciudadanos. Detalla en su libro lo que debe ser un Estado ideal.
Parte de las condiciones de la Europa de su tiempo y también está a favor de un
cierto cosmopolitismo. Estos planteamientos pueden ser pensados desde su
idealismo ético. Indudablemente, este gran filósofo alemán que murió en 1814 a
los 51 años de edad, propone la introducción de la razón en la historia y en
las decisiones políticas. La idea de libertad es también esencial no solo para
cada ser humano sino también para la convivencia social de los ciudadanos de
cualquier país. Para Fichte el ser humano se define por su actividad y no tanto
por el ser, ya que la acción es lo que cambia la realidad, en todos los
sentidos pensables.
Este pensador
idealista se solidariza con los oprimidos y reafirma los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. En
definitiva, sus valores democráticos le impiden aceptar la injusticia y la
pobreza. Quiere realizar una revolución pacífica, como también señala Jaime
Franco Barrio. Fichte criticaba el absolutismo monárquico de su época.
Como escribe Fichte «El objetivo de toda la actividad humana es el de poder vivir:
y a esta posibilidad de vivir tienen el mismo derecho todos aquellos a los que la naturaleza trajo a la vida». Lo que se deduce de esto y así lo
afirma el mismo pensador alemán es que todos los individuos tienen que disponer
de los medios suficientes para subsistir. En los tiempos actuales, con el
extraordinario desarrollo de la ciencia y la tecnología, esto es realmente
posible con una adecuada y racional política redistributiva. En tiempos de
Fichte podría ser más difícil aunque alcanzable.
Es posible, por tanto,
un Estado racional que garantice la
equidad pública. En consecuencia, las leyes o el ordenamiento jurídico de los
Estados deben fundamentarse en el respeto
a los derechos de todos. Y se comprende perfectamente que Fichte diga lo siguiente:
«No se ha tenido en cuenta el deber fundamental del Estado:
ante todo poner a cada uno en la posesión de lo que le corresponde».
Es parecido a lo que
escribió en sus obras Jovellanos, que fue coetáneo de Fichte.Los principios de
la Ilustración son compartidos por ambos pensadores europeos. El filósofo
germano también critica la anarquía del
comercio y pretende que se establezca una mejor regulación del mismo. En este
sentido, se puede decir que Jovellanos está en una línea de pensamiento
similar. La anarquía política es otro obstáculo para el logro de un Estado
racional.
La filosofía ética y
política fichteana nos sirve para pensar que la política de los gobiernos
estatales tiene que dirigirse prioritariamente al bienestar general, porque es
la tarea principal. Si esto no se hace suficientemente, lo demás no mejora y se
refuerza o mantiene la desigualdad, la marginación, la exclusión y la pobreza.
El que una buena parte
de los Gobiernos no se centren de verdad y con todos sus medios en resolver la
enorme injusticia social existente significa que no están haciendo bien su
labor política. Así de claro y rotundo.
Si a esto se añade el problema de la corrupción económica y política sobran los
comentarios o mayores explicaciones.
En relación con el trabajo
escribe Fichte «Dicho brevemente: el objetivo de todo
trabajo, además de satisfacer nuestras necesidades vitales, es el de
permitirnos vivir algún día a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de la
renta del mismo». Es un enfoque social que concuerda
con los principios de los Derechos Humanos actuales y con la idea de un Estado
del Bienestar.
El Gobierno de cada
Estado debe tener en cuenta que gobierna para todos los ciudadanos y tiene que
promover con sus leyes y decretos que se garantice la justicia tanto en el
ámbito laboral como en los restantes campos de su actuación.
Los impuestos son
decisivos para la justicia social. El pago de los mismos está en directa
relación con las rentas de los ciudadanos. Al ser progresivos nadie se verá
perjudicado de forma objetiva por los impuestos.
El derecho al ingreso
mínimo vital junto con un derecho a cobrar el paro mientras no se encuentre
trabajo deberían ser las medidas estrella para acabar con la exclusión social y
la pobreza, junto con otro conjunto de medidas de protección social y
económica.
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